Responsabilidad civil de concejales en Ayuntamientos

Existen seguros que protejen a los concejales de su responsabilidad.

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Las Administraciones Locales están sometidas a responsabilidad patrimonial y éstas pueden exigir a las personas responsables de las actuaciones administrativas que causen daño a terceros perjudicados.

Los cargos electos de los partidos políticos están sometidos a responsabilidad por las acciones u omisiones en el desempeño de su cargo. En el caso de un ayuntamiento, la decisión incorrecta puede haber sido tomada por el Alcalde, un concejal o el equipo de gobierno.

Los que tomen una decisión, y ésta se demuestre incorrecta, estarán obligados a responder frente a los terceros perjudicados por aplicación de la Ley 30/92 de procedimiento administrativo (Ver). El artículo 145 de esta ley precisa la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, y por su parte el artículo 142 define que la exigencia de esta responsabilidad se activará de oficio, cuando haya reclamación por responsabilidad civil patrimonial contra la administración. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad penal.

Es importante conocer que la exigencia de responsabilidad contra el cargo público es una obligación de oficio de la administración local y su inobservancia puede constituye un ilícito administrativo y puede llevar aparejada responsabilidad penal (Artículo 60 del Real Decreto Legislativo 781/1986, Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local Ver).

El Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, Real Decreto 429/1993, establece los procedimientos para que la administración responda de su responsabilidad.

Además de la exigencia de la responsabilidad patrimonial, a los cargos públicos se les puede exigir responsabilidad penal para casos de prevaricación, cohecho, malversación delitos contra el medio ambiente, selección del personal, contratación administrativa, contra la ordenación del territorio, delitos urbanísticos, o protección de datos. La primera es reconocida por la autoridad administrativa y la segunda por el juez.

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