Hace algunos meses oí al ahora ministro Cañete decir con contundencia que cambiarían la ley para perseguir a los manirrotos, a los políticos que avocaran a sus administraciones y administrados a catastróficas situaciones de déficit público que hemos de pagar todos después.
Cuando lo dijo pensé al instante, este señor no conoce la Ley 30/92 de procedimiento administrativo de las administraciones públicas. Esta ley, ya contempla la responsabilidad de las autoridades al servicio de las Administraciones Públicas, y exige a la propia Administración Pública proceder de oficio contra aquellos que por dolo, o culpa o negligencia graves, perjudican a terceros. Lee nuestro post: responsabilidad-civil-de-concejales-en-ayuntamientos/
El art 145 exige que el procedimiento se inicie con la reclamación de los perjudicados. Y aquí viene la pregunta:
¿Se le ha ocurrido a alguien reclamar contra una administración por los perjuicios causados a la ciudadanía? Pensemos por ejemplo el caso del ayuntamiento que es tristemente noticia esta semana porque no podrá pagar sus deudas en los próximos 7.000 años.
Se trata de un fracaso colectivo, porque las autoridades llegan a serlo con nuestro voto, pero, ¿no deberían depurarse responsabilidades? La noticia del diario El Mundo le deja a uno estupefacto.
¿Para cuándo la reacción de la gente pidiendo responsabilidades?. ¿Para cuándo poder ver un político manirroto entrando en la cárcel por hipotecar a los ciudadanos de su municipio y de todo el país por generaciones?
Si existe el mecanismo, debe exigirse su puesta en marcha.
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