Me atrevería a decir que para lograr este objetivo, habría de generalizarse la puesta en marcha de, al menos, las siguientes medidas:
- Que la subasta fuera el procedimiento de contratación más frecuente, huyendo de la opacidad que permite a las administraciones públicas el uso de los procedimientos abiertos en que el se valora la oferta económicamente más ventajosa partiendo de conceptos distintos del precio.
- Que las administraciones públicas definan mejor sus necesidades en los pliegos de contratación para hacer factible el apartado anterior. La excusa de que no sabe cómo hacerlo no es creíble. Los procedimientos de contratación son cíclicos y salvo contadas excepciones no requieren de conocimientos especiales para su formulación.
- Que las ofertas, en el caso de apertura pública de ofertas sean leidas en el acto de apertura de plicas, conocidas por los licitadores. Habitualmente sólo se informa el precio, dejando para la valoración de la mesa de contratación los demás extremos de la oferta en que el precio no es el único concepto de valoración. Se provoca así que personas con pocos escrúpulos puedan sustituir ofertas en fase de valoración, y que los licitadores no puedan impugnar las valoraciones al desconocer la realidad de las ofertas.
- La protección del secreto industrial o comercial, es una excusa para evitar lo señalado en el apartado anterior, que hemos oído con demasiada frecuencia. Su presunción lleva a que los procedimientos sean generalmente abiertos y no subastas. De este modo los poderes adjudicadores y las administraciones publicas pueden manejar con cierto grado de discrecionalidad el proceso.
- Que se limiten las restricciones a la concurrencia que revisten la fórmula de criterios de solvencia técnica y profesional. Es práctica habitual la inserción de exigencias superfluas o excesivas en relación con el objeto del contrato para la selección del licitador. Acabar con esta mala praxis permitiría que no fueran los mismos los que ganan los concursos.
- Crear una comisión de vigilancia de la competencia y de la transparencia y legalidad de los procedimientos. Esto acabaría con la impunidad de muchos órganos de contratación para adjudicar en favor de amigos y empresas cercanas. ¿Es acaso creíble que la misma empresa pueda ganar licitación tras licitación el mismo contrato?
Como en tantas ocasiones, la ley marca un camino y la práctica encuentra sus atajos.
Debe ser un compromiso de todos limpiar de comportamientos indeseados los enquistados maloss usos y costubres de muchos de los contrates públicos.